El caso de Rubén Rocha Moya se ha convertido en uno de los episodios políticos más complejos que ha enfrentado el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador desde su llegada al poder. No solamente por las acusaciones que pesan sobre el gobernador de Sinaloa, sino por lo que su regreso y posterior separación del cargo dicen sobre la forma en que Morena entiende actualmente el ejercicio del poder.
A Rocha Moya se le ha señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y con la facción de Los Chapitos, acusaciones que el mandatario ha rechazado públicamente.
Los cuestionamientos no son nuevos. Desde la campaña por la gubernatura de Sinaloa comenzaron a circular señalamientos sobre una presunta intervención del crimen organizado en su llegada al Ejecutivo estatal, elección en la que obtuvo más del 56 por ciento de los votos.
Para abril de 2026, el tema alcanzó un nuevo nivel de exposición pública. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la recepción de una solicitud proveniente de Estados Unidos relacionada con el caso y señaló que, en ese momento, no existían elementos suficientes para proceder en los términos planteados.
La Fiscalía también fijó postura y señaló que correspondía realizar las investigaciones pertinentes, pero subrayó la necesidad de contar con elementos probatorios para sostener acusaciones de esta naturaleza.
Morena, por su parte, rechazó los señalamientos contra quien entonces permanecía en funciones como gobernador de Sinaloa y argumentó que se debía respetar el debido proceso y el Estado de Derecho.
La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una posición similar respecto a la soberanía y la constitucionalidad. Cuestionó que un asunto de esta naturaleza fuera hecho público de esa manera y sostuvo que podía existir un componente político e intervencionista en la forma en que se presentó el caso.
Rocha Moya también rechazó las acusaciones desde su cuenta de X y calificó los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense como falsos y parte de un ataque político en su contra.
El primero de mayo, el gobernador solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo mientras se desarrollaban las investigaciones. La decisión fue presentada como una forma de facilitar el proceso y evitar que su posición política interfiriera en el desarrollo de las actuaciones correspondientes. Al día siguiente, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia.
Durante varios meses, el escenario permaneció sin mayores modificaciones.
Hasta que llegó el 21 de agosto. Algo cambió
Sin que previamente existiera un anuncio público de Morena o de la presidenta Claudia Sheinbaum respaldando la decisión, Rocha Moya anunció mediante un video publicado en X que regresaría a la gubernatura de Sinaloa.
La decisión cambió nuevamente el escenario.
Un día después, Sheinbaum fijó postura en redes sociales. Sin mencionar directamente todos los elementos del caso, estableció una posición política que terminó siendo interpretada como una crítica al regreso del gobernador.
“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”, señaló la presidenta.
Después agregó una frase que elevó todavía más el significado político de su mensaje:
“El poder sin principios se vuelve arrogancia”.
Y concluyó que México merece servidores públicos que comprendan que el ejercicio del poder es temporal y que no debe responder a intereses personales.
Horas después, durante un evento público, los medios cuestionaron a la presidenta sobre si tenía conocimiento previo de la decisión de Rocha Moya.
Su respuesta fue clara: se había enterado a través de las redes sociales.
La reacción no se limitó a Palacio Nacional.
La senadora Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, respaldó la postura de la presidenta y sostuvo que el regreso de Rocha Moya no lo exoneraba de aclarar los señalamientos existentes en su contra.
Incluso afirmó que en Sinaloa debía quedar claro que el poder corresponde al pueblo y que el gobernador había perdido la confianza ciudadana.
Morena también se deslindó de la decisión y señaló que no tenía conocimiento previo del regreso del mandatario.
Desde la oposición, las críticas fueron todavía más fuertes.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, planteó incluso la posibilidad de promover la desaparición de poderes en Sinaloa si Rocha Moya no se separaba nuevamente del cargo. Desde Acción Nacional también se habló de impulsar un juicio político.
Movimiento Ciudadano fue más directo. Su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que Rocha Moya debía ser juzgado.
El mismo 22 de agosto, ante la presión política generada por el regreso, Rocha Moya volvió a solicitar licencia para separarse del cargo por más de 30 días.
Esta vez, el mensaje fue distinto:
“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.
El 23 de agosto, Sheinbaum volvió a referirse al tema y señaló que, así como el regreso había sido una decisión personal del gobernador, también lo había sido su decisión de retirarse nuevamente.
“Creo que es lo mejor para Sinaloa”, sostuvo.
La presidenta también negó haber hablado directamente con Rocha Moya para solicitarle su salida.
Más allá de Rocha Moya
Lo ocurrido con Rocha Moya va más allá de si regresa o no a la gubernatura. Morena llegó al poder con una idea muy clara: gobernar de otra manera y poner al pueblo por encima de los intereses personales. “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo” se convirtió en una de las frases que identificaron al movimiento.
Por eso, lo ocurrido en Sinaloa resulta importante. Durante meses, Morena defendió a Rocha Moya frente a los señalamientos de Estados Unidos y pidió respetar el debido proceso. Pero cuando el gobernador decidió regresar por su cuenta, el propio movimiento tomó distancia de esa decisión.
Y aquí aparece la parte interesante. Las acusaciones en su contra siguen siendo eso: acusaciones. No existe una sentencia que determine su responsabilidad.
Pero tampoco se puede ignorar lo que ocurrió políticamente. Rocha Moya regresó al cargo sin que Morena anunciara que estaba de acuerdo. Sheinbaum dijo que se enteró por redes sociales y, poco después, el gobernador volvió a pedir licencia.
Entonces queda una pregunta que va más allá de Rocha Moya: ¿Morena está demostrando que sus principios también aplican cuando se trata de alguien de su propio movimiento?
Si es así, el caso podría representar algo que durante mucho tiempo se le ha reclamado a la política mexicana: que las reglas también se apliquen hacia dentro.
Pero si la reacción fue únicamente producto de la presión política que provocó su regreso, entonces el escenario es diferente.
Por ahora, lo que queda es una contradicción difícil de ignorar: Morena defendió a Rocha Moya frente a las acusaciones, pero no respaldó su decisión de volver al cargo. Y quizá ahí está la parte más importante de todo este episodio. No se trata solamente de Rocha Moya.
Se trata de saber si el movimiento que llegó al poder hablando de una nueva forma de gobernar está dispuesto a aplicar esa misma lógica cuando el problema está dentro de su propia casa.
