El enfrentamiento entre el Gobierno de Puebla y empresas vinculadas a Grupo Salinas dejó de ser un intercambio de declaraciones para convertirse en una disputa sustentada por documentos oficiales, propuestas comerciales, procedimientos administrativos y acusaciones públicas que involucran cientos de millones de pesos.
La controversia escaló luego de que el Gobierno estatal difundiera información sobre proyectos presentados por empresas relacionadas con Grupo Salinas a distintas dependencias de Puebla, mientras que simultáneamente se desarrollaba un procedimiento administrativo derivado de multas federales impuestas a Producciones Azteca Digital S.A. de C.V.
El procedimiento contra Producciones Azteca
De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla el 29 de mayo de 2026, el procedimiento iniciado contra Producciones Azteca Digital S.A. de C.V. se originó por multas federales impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en enero de 2026 por presuntas violaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Según el Gobierno de Puebla, la empresa contaba con una suspensión judicial que podía frenar las acciones de cobro, siempre y cuando presentara una garantía suficiente para responder por el adeudo. Sin embargo, al momento en que las autoridades estatales iniciaron las diligencias, no tenían constancia de que dicha garantía hubiera sido entregada.
Por esa razón, el 28 de mayo fue notificado un citatorio a la empresa y, al día siguiente, a las 9:00 de la mañana, se emitió un mandamiento de ejecución con el objetivo de garantizar el cobro de las multas, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
No obstante, a las 10:05 de la mañana del 29 de mayo, Producciones Azteca Digital presentó ante la Dirección de Recaudación un escrito mediante el cual ofreció una garantía para respaldar el monto reclamado.
Tras recibir ese documento, el Gobierno de Puebla aseguró que no se realizó ningún embargo de bienes y sostuvo que la actuación de la autoridad tenía como único propósito asegurar el interés fiscal mientras se analizaba la validez de la garantía presentada por la empresa.
La administración estatal agregó que revisaría si la garantía cumplía con los requisitos legales y advirtió que, en caso de resultar improcedente, podría reanudar las acciones de cobro previstas en la legislación fiscal.
Los proyectos exhibidos por el gobierno
Además de la disputa pública que posteriormente escaló entre el Gobierno de Puebla y empresas vinculadas a Grupo Salinas, documentos internos fechados el 9 de septiembre de 2025 muestran que distintas compañías del conglomerado mantenían una cartera de proyectos y oportunidades de negocio ante dependencias estatales.
La documentación revisada registra propuestas relacionadas con telecomunicaciones, digitalización documental, plataformas tecnológicas y seguros, cuyo valor conjunto supera los 2 mil 300 millones de pesos antes de IVA. Los expedientes incluyen proyectos atribuidos a TotalPlay, Omniprinter y Seguros Azteca, así como antecedentes de reuniones, acercamientos institucionales y seguimiento comercial con funcionarios del gobierno poblano.
Los proyectos que empresas de Grupo Salinas buscaban colocar en Puebla
Uno de los proyectos correspondía al servicio de internet para oficinas de la Secretaría de Finanzas del Estado. El documento señala que la propuesta fue presentada el 14 de agosto de 2025 a Héctor Silva, subsecretario de Transformación Digital. Posteriormente, el 2 de septiembre de ese mismo año, se asentó que la dependencia habría optado por trabajar con Telmex para dicho servicio. La propuesta contemplaba una vigencia de 36 meses.
En el mismo expediente aparece una propuesta de Red Dorsal atribuida a TotalPlay para la Secretaría de Finanzas. El documento estima un valor de 2 mil millones de pesos antes de IVA y refiere que el proyecto fue expuesto el 9 de noviembre de 2024 al entonces secretario de Administración, Ángel Pérez. Como antecedente, se consigna que la dependencia consideraba concluir primero el proyecto de conectividad en oficinas antes de avanzar hacia una red dorsal estatal.
La documentación también registra una propuesta de digitalización de medios y gestión tecnológica atribuida a Omniprinter para el Sistema de Información y Comunicación del Estado. Según las anotaciones, las soluciones fueron presentadas el 2 de septiembre de 2025 a Juan José García, director de Recursos Materiales, y se encontraba pendiente una reunión posterior con Roberto Reyes, director de Infraestructura.
Adicionalmente, los documentos incluyen una sección denominada “Proyectos de interés”, en la que aparecen propuestas relacionadas con Seguros Azteca. Entre ellas se encuentran pólizas patrimoniales para patrullas por 81 millones de pesos y otra propuesta similar por 33 millones de pesos, ambas con vigencia al 31 de diciembre de 2025. También se menciona un proyecto de seguros de vida para dependencias de la administración estatal y para el DIF, con un valor estimado de 26 millones de pesos.
Por separado, el expediente incorpora antecedentes de proyectos atribuidos a Omniprinter durante la administración 2023-2024. Entre ellos figuran iniciativas de digitalización y gestor documental para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y para la Auditoría Superior del Estado, así como sistemas de control y seguimiento de incidentes vehiculares para la Secretaría de Movilidad, con montos que oscilan entre 30 y 70 millones de pesos antes de IVA.
De acuerdo con los documentos consultados, las propuestas corresponden a iniciativas comerciales y registros de gestión institucional. Su inclusión en el expediente no constituye evidencia de contratación, adjudicación o ejecución de los proyectos, salvo que exista documentación adicional que así lo demuestre.
Los antecedentes
La relación entre gobiernos de Puebla y empresas vinculadas a Grupo Salinas tiene antecedentes que se remontan a administraciones anteriores.
De acuerdo con información publicada por E-Consulta, desde finales de la década de 1980 distintas dependencias estatales celebraron convenios de publicidad, prestación de servicios y otros esquemas de colaboración con empresas del grupo incluido Puebla.
Entre los casos documentados se encuentran contratos publicitarios suscritos durante el gobierno de Mario Marín Torres. Según ese medio, entre 2006 y 2008 se destinaron más de 23.5 millones de pesos en publicidad con TV Azteca, además de apoyos para festivales y proyectos culturales relacionados con empresas del conglomerado.
Estos antecedentes muestran que las relaciones comerciales entre gobiernos poblanos y empresas vinculadas a Grupo Salinas no son un hecho inédito dentro de la entidad y forman parte del contexto en el que actualmente se desarrolla la confrontación entre la administración estatal y el grupo empresarial.
La acusación del Gobierno de Puebla
La interpretación del Gobierno de Puebla sobre estos documentos fue expuesta públicamente el 1 de junio de 2026 por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien vinculó las propuestas comerciales presentadas por empresas relacionadas con Grupo Salinas con el conflicto que actualmente mantiene la administración estatal con TV Azteca.
Durante una conferencia de prensa, García Parra sostuvo que el origen del conflicto no se encontraba en el procedimiento administrativo iniciado contra Producciones Azteca Digital, sino en la negativa del gobierno estatal a otorgar diversos contratos promovidos por empresas del grupo empresarial.
“Fue quien estuvo negándose ante esto, que es una extorsión”, afirmó el funcionario al exhibir documentos que, según dijo, le fueron entregados el 10 de septiembre de 2025 en una reunión con un representante de Grupo Salinas.
Al mostrar los expedientes, García Parra aseguró que estos contenían los proyectos que las empresas buscaban concretar con el gobierno poblano y señaló: “Aquí está la prueba, señor, porque ellos querían más de 2 mil 300 millones de pesos en contratos que no le dimos ni le vamos a otorgar”.
De acuerdo con la versión oficial, la negativa a concretar esos proyectos habría sido seguida por una serie de ataques contra la administración estatal. En ese contexto, el coordinador de Gabinete acusó a Ricardo Salinas Pliego de utilizar espacios mediáticos para presionar al gobierno y reiteró que la administración poblana no entregará los contratos señalados en los documentos.
Los expedientes difundidos por el gobierno muestran la existencia de propuestas comerciales, reuniones con funcionarios y proyectos con montos estimados que superan los 2 mil 300 millones de pesos. Sin embargo, por sí solos no acreditan la comisión de un delito.
¿Qué nos dice?
Los documentos difundidos por el Gobierno de Puebla muestran que, meses antes de que estallara el conflicto público con TV Azteca y Grupo Salinas, empresas vinculadas al conglomerado promovían proyectos de telecomunicaciones, digitalización y seguros ante distintas dependencias estatales por más de 2 mil 300 millones de pesos.
Los expedientes también permiten reconstruir reuniones con funcionarios, propuestas comerciales y el seguimiento dado a cada uno de los proyectos. Al mismo tiempo, revelan que algunas de las iniciativas no avanzaron o fueron sustituidas por otras alternativas.
Sobre esos antecedentes se construyó la acusación del Gobierno de Puebla. La administración estatal sostiene que la negativa a otorgar los contratos derivó posteriormente en una campaña de presión y ataques mediáticos, una versión que fue expuesta públicamente por integrantes del gabinete y respaldada con la documentación presentada el 1 de junio de 2026.
Sin embargo, los documentos difundidos hasta ahora acreditan la existencia de gestiones comerciales y proyectos de negocio, pero no resuelven por sí mismos el fondo de la disputa. Mientras el Gobierno de Puebla sostiene que existió una estrategia de presión para obtener contratos públicos, las responsabilidades legales y la eventual existencia de un delito siguen siendo asuntos que, hasta ahora, no han sido determinados por una autoridad judicial.
Lo que sí dejan ver los expedientes es una relación que pasó de las mesas de negociación y las propuestas de negocio a una confrontación pública entre uno de los grupos empresariales más influyentes del país y el gobierno de una de las entidades más importantes de México.
Por ahora, el expediente público permite conocer una parte de la historia: la relación comercial que existió entre empresas vinculadas a Grupo Salinas y el Gobierno de Puebla, así como los argumentos que hoy sostienen ambas partes en uno de los conflictos políticos y mediáticos más relevantes del país.
