La controversia por los privilegios otorgados a la FIFA rumbo al Mundial 2026 tiene su origen en compromisos asumidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para asegurar la realización de partidos mundialistas en México, la administración federal otorgó una serie de garantías fiscales que beneficiaban no solo a la FIFA, sino también a sus afiliadas, proveedores y socios comerciales. Los acuerdos contemplaban exenciones y facilidades que podían extenderse hasta 2028, dos años después de concluido el torneo.
De acuerdo con información difundida recientemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum logró reducir el alcance de esos beneficios, limitándolos a actividades directamente relacionadas con la Copa Mundial 2026 y acortando su vigencia.
Sin embargo, aún no existe una cifra oficial sobre cuánto dejará de recaudar México debido a las concesiones otorgadas originalmente.
Especialistas han señalado que México ofreció condiciones más amplias que otros países sede como Estados Unidos y Canadá, donde los beneficios fiscales fueron más limitados y negociados de manera específica.
La discusión ha cobrado fuerza porque, además de los incentivos fiscales, la FIFA ha obtenido otras condiciones especiales para el torneo, como controles sobre el uso de su imagen comercial, restricciones operativas alrededor de los estadios y reglas específicas para quienes participan en la organización del evento.
El Gobierno Federal estima que el Mundial 2026 generará una derrama económica cercana a los 3 mil millones de dólares, pero sigue sin conocerse el costo total de los beneficios fiscales comprometidos durante el sexenio de Peña Nieto.
